LIZABETA S. DE RODRÍGUEZ*
Noticia del diario La Estrella de Panamá
"2011-05-19 Cuando el presidente Martinelli asumió la administración del Estado, eran muchas las expectativas positivas, que la ciudadanía esperaba. La población ansiaba que esta administración predicara con el ejemplo, lo prometido en campaña, dejando atrás las dañinas prácticas del clientelismo político, nepotismo y escándalos de corrupción, que tanto han desequilibrado el eficiente desenvolvimiento de la administración pública.
Hoy día, pareciera, es imposible despertar de la pesadilla que históricamente ha corroido la administración del Estado. Vivimos de escándalo en escándalo y de disputa en disputa.
Mientras la población se sumerge en la incertidumbre y el desasosiego de crisis inflacionarias, causadas, en gran medida, por la ausencia de políticas efectivas de control monopolístico, así como el aumento en el precio del petróleo, que ha disminuido el poder adquisitivo de la familia. Los políticos continúan sus estériles disputas partidistas y personales por el poder.
Pareciera, que de bando y bando, no hay a quien sacar. Como recordaremos el PRD por mucho tiempo ocupó en la opinión pública el primer lugar en corrupción. No obstante, durante los últimos meses, funcionarios del más alto nivel de la actual gestión de gobierno, han sido fuertemente cuestionados por estar supuestamente vinculados a actos de corrupción.
Esta situación, ha llevado a que los medios periodísticos se hayan hecho eco de las fuertes críticas emitidas, tanto de sectores de la sociedad civil, como de diversos grupos gremialistas y sindicales, que ven en peligro la gobernabilidad de la nación.
El punto es que, en todos los períodos de la historia a nivel mundial, sin excluir a nuestro país, sobre todo en el ámbito de la politiquería (no de la Política de Estado); existen personajes que se involucran en la política partidista para logar beneficios contrarios a la integridad y ética, por ser estos principios contrarios a ‘sus intereses personales’.
Este comportamiento desleal, camaleónico y oportunista se ha generalizado entre los colectivos políticos, estableciendo un nuevo código de antivalores, al servidor público, desvirtuando el verdadero objetivo de los partidos políticos y politizando la administración estatal.
Politización, que ha traído como secuela el relajamiento del engranaje gubernamental, quebrantando su credibilidad frente a la opinión pública. Así como el desmejoramiento de la calidad de vida de la población, como consecuencia de la implementación de políticas desacertadas de poco o ningún beneficio social y aprobación de leyes de exoneración impositiva inequitativas, que favorecen a grandes inversionistas en menoscabo de las grandes mayorías.
Frente a este panorama, la sociedad se pregunta hasta cuándo tendrá que soportar estas incoherencias y mediocridades, de gobernantes, políticos oficialistas y opositores.
¿Cuándo se contará con una oposición crítica y constructiva, de cara al beneficio popular? De igual manera: ¿con gobernantes que respondan a cabalidad con la misión para la que fueron elegidos? El resolver las urgentes demandas sociales que enfrenta la población, así como administrar los fondos públicos con transparencia y eficiente rendición de cuenta."
Hoy día, pareciera, es imposible despertar de la pesadilla que históricamente ha corroido la administración del Estado. Vivimos de escándalo en escándalo y de disputa en disputa.
Mientras la población se sumerge en la incertidumbre y el desasosiego de crisis inflacionarias, causadas, en gran medida, por la ausencia de políticas efectivas de control monopolístico, así como el aumento en el precio del petróleo, que ha disminuido el poder adquisitivo de la familia. Los políticos continúan sus estériles disputas partidistas y personales por el poder.
Pareciera, que de bando y bando, no hay a quien sacar. Como recordaremos el PRD por mucho tiempo ocupó en la opinión pública el primer lugar en corrupción. No obstante, durante los últimos meses, funcionarios del más alto nivel de la actual gestión de gobierno, han sido fuertemente cuestionados por estar supuestamente vinculados a actos de corrupción.
Esta situación, ha llevado a que los medios periodísticos se hayan hecho eco de las fuertes críticas emitidas, tanto de sectores de la sociedad civil, como de diversos grupos gremialistas y sindicales, que ven en peligro la gobernabilidad de la nación.
El punto es que, en todos los períodos de la historia a nivel mundial, sin excluir a nuestro país, sobre todo en el ámbito de la politiquería (no de la Política de Estado); existen personajes que se involucran en la política partidista para logar beneficios contrarios a la integridad y ética, por ser estos principios contrarios a ‘sus intereses personales’.
Este comportamiento desleal, camaleónico y oportunista se ha generalizado entre los colectivos políticos, estableciendo un nuevo código de antivalores, al servidor público, desvirtuando el verdadero objetivo de los partidos políticos y politizando la administración estatal.
Politización, que ha traído como secuela el relajamiento del engranaje gubernamental, quebrantando su credibilidad frente a la opinión pública. Así como el desmejoramiento de la calidad de vida de la población, como consecuencia de la implementación de políticas desacertadas de poco o ningún beneficio social y aprobación de leyes de exoneración impositiva inequitativas, que favorecen a grandes inversionistas en menoscabo de las grandes mayorías.
Frente a este panorama, la sociedad se pregunta hasta cuándo tendrá que soportar estas incoherencias y mediocridades, de gobernantes, políticos oficialistas y opositores.
¿Cuándo se contará con una oposición crítica y constructiva, de cara al beneficio popular? De igual manera: ¿con gobernantes que respondan a cabalidad con la misión para la que fueron elegidos? El resolver las urgentes demandas sociales que enfrenta la población, así como administrar los fondos públicos con transparencia y eficiente rendición de cuenta."
Sin caer en ningún tipo de pasionismo político y sin indicar NOMBRES NI PARTIDOS comente la realidad de lo aprendido en la teoría sobre derecho administrativo y la realidad de lo que ocurre en la administración pública.
